Percy Cayetano Acuña Vigil

Página organizada por Percy Cayetano Acuña Vigil, está dedicada a temas de información y de discusión del urbanismo, el planeamiento y la arquitectura, enmarcados por mi visión de la filosofía política.

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Reciente publicación sobre "El ocaso de la Barriada".

El arquitecto Jorge Burga ha publicado un libro titulado “El ocaso de la barriada”. Dicha publicación trata el problema del hacinamiento y de la falta de salubridad en las barriadas. Burga señala que estas van camino a convertirse en tugurios. Sostiene la necesidad de formular proyectos urbanísticos que resuelvan no solo los problemas de saneamiento legal sino de aprovechar los programas de habitación promovidos por el Estado.

Documentos como este son de actualidad y atienden una problemática que está sin enfrentarse con la debida prioridad en todas nuestras ciudades. En este mismo sentido señalabamos en artículos publicados en esta misma página que es necesario actuar con una política especifica que atienda estas necesidades.

 

Esto requiere modificar los instrumentos de planificación actuales, estableciendo una planificación por condiciones, definiendo factores objetivos que permitan el desarrollo inmobiliario de un sector, o bien su protección, posibilitando la creación de unidades urbanas autosustentables mitigando sus externalidades negativas.

Posibilitar la provisión de áreas y oportunidades de recreación en forma sistemática y programada y no dejarla a la libre disponibilidad de las instancias de la política local o del interés comercial de la empresa.

Facilitar la atención a la creciente degradación de la infraestructura física con programas orientados desde el nivel de base en el que podrían participar las ONGs en forma stemática y concertada. Enfrentar el deterioro psicológico al que se ve enfrentado el poblador por las condiciones de habitabilidad en que debe desenvolverse. Aquí se requiere una intervención de programas multidisciplinarios de apoyo concertados con la acción educativa y cultural.

Atender el deterioro de la conducta social, producto de las condiciones de inseguridad y de riesgo a las que se ve enfrentada la población en forma permanente. Este punto debe ser enfrentado con acciones similares a lo señalado en el acápite anterior.

Como complemento se requiere de un instrumento de Financiamiento Urbano Compartido, que permita a los municipios desarrollar proyectos urbanos en conjuntos privados, mediante licitaciones públicas que posibiliten el desarrollo territorial del país integrando a los actores públicos y privados que posibilitan la ciudad.

Como cuestión previa señalamos que se debe resover previamente los problemas derivados de la propiedad del suelo, que es el cuello de botella central de este proceso. En este punto se requiere una nueva legislación urbana que norme las habilitaciones urbanas y les de un sentido democrático permitiendo promover la intervención sobre el proceso de Urbanización y de habilitación urbana.

Para que nuestras ciudades tengan mejor calidad de vida, y que la ocupación del territorio nacional tienda a una mejor adecuación a las posibilidades que ofrece nuestro territorio,se requiere trabajar políticas de acondicionamiento territorial que presten atención a la promoción y mejoramiento de la vivienda y al hábitat rural propio de pueblos pequeños, caseríos y otras concentraciones poblacionales de menor densidad de manera sistémica e integrada en un plan de estimulo a la producción concertado entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil como ente fundamental.

Si bien es cierto que un fenómeno de metropolización como el de Lima-Callao, que concentra más de la mitad de la población urbana del país, requiere de una acción concertada integrada, también es cierto que tenemos más de quince ciudades con más de cien mil habitantes con un ritmo acelerado de urbanización a tasas muy superiores a las de Lima-Callao y que están reproduciendo hoy día todos los males que se ha permitido que ocurran con la capital nacional. Ambos procesos, complejos de por si, ocultan el dato que simultáneamente refuerzan el proceso de dispersión negativa de población en las áreas rurales y agrandan las desigualdades de la población en la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto trae consigo una mayor anomia social y una mayor segregación de la población de menores recursos, tanto del campo como de las ciudades.

También se debe tener en cuenta que más del ochenta por ciento del parque de vivienda en el país es por autoconstrucción, con índices sub estándar calidad de vida para sus habitantes lo cual no se considera en las estadísticas oficiales cuando se trata estos problemas.

Para enfrentar esta situación la empresa privada no ha intervenido, salvo en el aprovisionamiento de materiales de construcción, aprovechándose de las necesidades de consumo de este vasto sector y cuando el Estado a intervenido lo ha hecho marginalmente.

Esta política de desarrollo urbano requiere considerar que el proceso de acceso a la vivienda más generalizado en nuestro país responde al patrón de invasión y que toma un mínimo de veinte años obtener una vivienda que se consolide con servicios, las cuales en su mayoría obtienen resultados de muy mala calidad. Debe considerarse que la formalización de la propiedad a través de COFOPRI, solamente alcanza a menos del siete por ciento del total de las viviendas del país, pues el proceso de titulación se ha limitado a la legalización de los terrenos y no a la “fábrica”.

La ausencia de una política explicita para enfrentar esta problemática ha permitido las Villa el Salvador y ha producido ciudades de muy baja densidad e innecesariamente extensas provocando altos costos en la provisión de servicios básicos, comunales y de transporte. Esto ha generado cada vez más graves problemas ambientales, en un contexto de precariedad y pobreza que generan malestar social, violencia urbana, delincuencia y algo muy grave como es la frustración y el desarraigo.

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