ZENÓN DEPAZ: "UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD ANÓMICA"

Comentando la situación de la educación universitaria en el Perú, dábamos cuenta de una absoluta ausencia de mecanismos de regulación y garantía pública de estándares mínimos de calidad académica, graficada en hechos escandalosos como la existencia de cientos de filiales compitiendo en la venta de grados y títulos universitarios con los falsificadores del jirón Azángaro; de las cuales, en el colmo de la anomia, la mayor cuota corresponde a una “universidad” –con ello, también la de mayor matrícula en el país– cuyo funcionamiento nunca fue autorizado por el único organismo público que tiene potestad para ello: CONAFU.

Esto ocurre en el más alto nivel del ámbito educativo (que hoy tiene atención prioritaria en los países que encaran con seriedad el tema del desarrollo), ante la sospechosa indolencia del gobierno y los operadores políticos del “consenso” neoliberal heredado por el fujimontesinismo (muchos de ellos, empezando por los encargados del tema educativo, involucrados directamente en este negocio), bajo la coartada de la autonomía universitaria, que sólo sirve ahora para legalizar el abandono de la universidad por parte del Estado, incluyendo a las universidades públicas, libradas a su suerte, muchas de ellas controladas por mafias de autoridades y “dirigencias” estudiantiles corruptas (merced a reglas de juego provistas por la actual Ley Universitaria, que favorecen su accionar) que suman lo suyo a la deplorable situación antes señalada.

Tal es el panorama universitario en nuestro país, con excepción de muy pocas universidades privadas (las que, por lo mismo, han tendido a elitizarse en cuanto al sector social del que procede su comunidad universitaria) y públicas (en mayor número, aunque igualmente escaso). Con la desventaja para estas últimas, de hallarse permanentemente en riesgo de que el cambio de una administración eficiente –que las hay- por una mediocre y corrupta –suelen ser las más, habiendo probado que pueden apoderarse hasta de las de mayor prestigio-, ponga en riesgo sus avances y su vida institucional.

Nos ocupamos de este tema –y aún continuaremos haciéndolo– porque, contrastando con la cómplice indolencia del gobierno al respecto, se trata de un ámbito decisivo para el desarrollo nacional, si pensamos seriamente en ello, puesto que, tengámoslo claro, no hay posibilidad alguna de desarrollo sin una educación superior que forme, con estándares de calidad internacionales, los cuadros dirigentes del país y sus regiones (hoy caracterizados, para vergüenza y perjuicio nuestro, por su extrema mediocridad intelectual y moral), y genere conocimiento que incorpore valor agregado a nuestra producción.

La educación universitaria experimentó en las últimas cuatro décadas una acelerada expansión de su cobertura y, por tanto, de la matrícula, en el mundo entero. Se trata de un fenómeno que da cuenta del advenimiento de la denominada sociedad del conocimiento.

Habiéndose producido en un contexto de deliberado debilitamiento de las funciones del Estado relativas a la gestión y producción de bienes y servicios, promovido por el proyecto neoliberal, dio paso a una tendencia a la privatización de tales funciones, con mayor o menor intensidad, dependiente de la situación política en cada país.

En todo caso, exceptuando el flujo del capital financiero de tipo especulativo (sector desde el que, muy significativamente, estalló la reciente crisis global) donde el fundamentalismo del “dejar hacer, dejar pasar” halló su natural santuario, el traspaso de tales servicios al sector privado -frecuentemente llevado a cabo de modo compulsivo-, aún en los países que vinieron a ser paradigmáticos de tal modelo (como en Inglaterra, con Thatcher, o Chile, con Pinochet), fue acompañado de la creación de organismos reguladores que garantizaran la calidad y confiabilidad de tales servicios.

La educación superior no fue una excepción, pues su apertura a la iniciativa privada fue acompañada de la creación de mecanismos de acreditación de su calidad. También en esto la privatización mafiosa impuesta por Fujimori y sus secuaces, se llevó a cabo deliberadamente sin regulación alguna y con clara intención de favorecer intereses de los grupos de poder en torno suyo.

Ahora mismo, alcaldes, congresistas, candidatos a la presidencia, ministros y hasta el propio Presidente son, en este tema, juez y parte, pues se cuentan entre propietarios y gestores de universidades privadas “con fines de lucro”, tal como, literalmente, reza el D. L. 882, que el año 1996 dio paso a su creación.

En ausencia de instituciones y mecanismos de acreditación de estándares mínimos de calidad, la mayor parte de aquella oferta educativa adquirió caracteres de fraude, con títulos, grados y postgrados que, ofertados al granel, han pasado a configurar una colosal estafa a vista, paciencia y, seguramente, complacencia de tales autoridades propietarias, entre quienes se cuenta el mismísimo ministro de Educación que, al menos en este tema, no parece tener razones para preocuparse de cómo marcha su cartera… Las preocupaciones –y denuncias- están viniendo de otro lado, que comentaremos en la próxima columna.